Este grupo trabaja activamente representando ante el Gobierno las preocupaciones derivadas de la falta de un claro enfoque de derechos humanos y de protección de las víctimas en la lucha contra la trata de personas en España, así como en relación con elaboración y aprobación del Plan Nacional de Acción contra la trata de personas con fines de explotación. Impulsa las reformas legislativas necesarias y ejerce tareas de presión a las instituciones para la transposición de las directivas europeas relevantes ratificadas por España.